Concurso Express. La ayuda esperada para las PYMES.
El concurso Express de la nueva Ley concursal, es un procedimiento rápido y eficaz diseñado para ayudar a recuperarse a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de dificultades económicas.
Principales objetivos:
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Los principales objetivos del concurso express de la Ley concursal.
Ayudar a salvar negocios en dificultades.
Iniciando el procedimiento de Concurso de acreedores express.
A través de los sistemas de alerta temprana diseñados en el Concurso de acreedores Express, se ofrece al empresario que empieza a tener algunas dificultades financieras, ayuda legal.
Para evitar una situación irreversible, se anima a las empresas a solicitar un concurso voluntario de acreedores. Eso les permitirá aprovechar una serie de ventajas para prevenir un empeoramiento de su situación económica. De esta forma, se garantiza la continuidad futura del negocio.
La función del Administrador de la sociedad, también es prevenir los riesgos para anticiparse a ellos aprovechando los mecanismos que la Ley ofrece.
Garantizar la viabilidad de las empresas.
Durante el procedimiento de Concurso de acreedores express.
Otra de las finalidades del Concurso de acreedores Express, es poder asegurar la continuidad de las empresas, garantizando la viabilidad de su negocio. Así nace la figura del Experto en la reestructuración de deudas.
El experto en reestructuración de deudas, es un profesional que, dentro del concurso de acreedores, está especializado en renegociar todas las deudas del negocio en dificultades.
Para ello, la Ley concursal pone a disposición de la empresa deudora, una serie de profesionales y herramientas legales que le permitirán superar sus dificultades financieras. Además de ello, estas ayudas, permitirán a la empresa asegurar su futuro, garantizando su viabilidad como negocio.
La responsabilidad y la protección del Administrador de la empresa.
Responsabilidad del Administrador de la empresa.
Es obligatorio para el Administrador, presentar concurso de acreedores dentro de los 2 meses siguientes a la situación de insolvencia de la empresa.
La Ley concursal, establece la obligación de presentar concurso voluntario de acreedores, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el administrador hubiera conocido o debido conocer la situación de insolvencia de la empresa.
Las consecuencias de no hacerlo, están reguladas tanto por la propia Ley concursal como por la Ley de Sociedades de capital. Entre ellas, están:
- Declaración de culpabilidad del concurso.
- Derivación de la responsabilidad civil contra el Administrador y sus bienes personales por las deudas de la sociedad.
- Inhabilitación para ejercer en el futuro como Administrador de empresas.
Artículo 367 LSC, (Ley de sociedades de capital):
» 1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución. …/…»
La Sentencia del Tribunal Supremo 399/2014, 21 de Julio de 2014 que constituye jurisprudencia, exige que las deudas hayan sido contraídas el tiempo en que existe la obligación de liquidar la sociedad o iniciar Concurso de Acreedores.
Protección del Administrador de la empresa.
Es importante proteger a la figura de la Administrador de la empresa cumpliendo la Ley. Así evitamos riesgos sobre su persona y sobre su patrimonio personal.
Ser Administrador de una empresa entraña una serie de responsabilidades. Por eso la protección de los intereses del administrador, debe tenerse presente desde el principio.
La mejor garantía de protección sin duda consiste en cumplir con las obligaciones legales del cargo. Sin embargo, no siempre se conocen ni siempre se sabe cómo cumplirlas en los términos que la ley exige.
La protección del administrador, no es incompatible con los intereses de la empresa. Al contrario, cuanto mejor protejamos los intereses del administrador, más y mejor defendidos estarán los de su empresa. Fundamentalmente, se trata de que los Administradores sepan aprovechar todos los recursos que la Ley pone al alcance de las empresas para su beneficio.
No hay que olvidar que tanto los acreedores como la Administración, cada vez están más atentos y controlan mejor aquellos errores que puedan determinar la responsabilidad del Administrador.
Evitar que el Administrador sea vulnerable a estos ataques, es posible y nosotros sabemos cómo hacerlo.