Injusticia de la deuda con la Administración

Injusticia y Administración Pública.

Estas dos palabras nunca deberían ir juntas. Sin embargo, se convierten en algo muy frecuente cuando hablamos de  la injusticia de la deuda con la Administración Pública.

Mis deudas. Parar abusos. Proteger derechos.

Cuando hablamos de poder público, hablamos también de responsabilidad. La responsabilidad de los poderes públicos, es fundamentalmente servir y proteger a los ciudadanos. Pero si este servicio se vuelve contra los ciudadanos, ya no les estará protegiendo.

El bienestar social implica sin duda un esfuerzo coletivo, pero también comprensión hacia el más débil. El deudor, también forma parte de esta sociedad y no se le puede excluir, se le debe ayudar.

La protección que la Administración Pública ofrece y garantiza a sus ciudadanos, debe permitir la recuperación de aquellos que necesitan ayuda. Sin embargo, más allá de no brindar la protección ofrecida, la Administración Pública acosa y oprime a quienes no pueden pagarle.

Si todos pagamos impuestos para ayudarnos en caso de necesidad, ¿Por qué no se perdonan las deudas públicas a quien realmente no puede pagarlas?.

Consecuencias de una deuda injusta.

La injusticia de tener una Administración Pública que se lo come todo, ocurre cuando deja sin comer a sus ciudadanos.

Los problemas que genera la injusticia de la deuda con la Administración.

La deuda con la Administración Pública, es uno de los principales problemas de los ciudadanos españoles. A través de impuestos indirectos y directos, de media un español paga más de la mitad de sus ingresos en impuestos.

Como consecuencia de ello, inevitablemente se generan deudas con la Administración Pública. El problema es que estas deudas crecen cada vez más ya que van acompañadas de intereses de demora y sanciones. Obviamente, quien no puede pagar una deuda pública, mucho menos podrá pagar además, las sanciones e intereses que lleva aparejada.

Esta situación, genera un círculo vicioso del que el ciudadano deudor, no puede salir. El resultado de todo esto, es que se genera una economía sumergida de ciudadanos que necesitan vivir pero lo tienen que hacer fuera del sistema. Esto es lo que ocurre cuando la Administración no facilita el pago de las deudas a sus ciudadanos contribuyentes.

La injusticia de los privilegios del crédito público.

Por si fuera poco, la gran cantidad de deuda pública tiene garantizado su cobro, al tener más protección y privilegios que la deuda privada.

La Administración pública tiene más ventajas que sus ciudadanos.

¿Qué significa esto?. Pues muy sencillo, para la Administración Pública es mucho más importante su deuda que la deuda de cada ciudadano. Por eso las leyes otorgan mucha más protección a los créditos que ostenta la Administración, que a aquellos que tienen los ciudadanos. Esta es la razón por la que en situación de insolvencia, cualquier deudor deberá pagar antes las deudas con al Administración que aquellas que pueda tener con otro ciudadano o empresa.

Lógicamente, el resultado de ello es que mientras la Administración puede disponer de recursos para seguir funcionando, muchos otros acreedores no. Cobrar las deudas es fundamental para el funcionamiento de cualquier persona, negocio, empresa o institución. Cuando en esa carrera por cobrar lo que se nos debe, alguien parte con ventaja respecto del resto, es injusto.

Básicamente, la Ley organiza un orden de prioridades en el cobro de créditos en situaciones de insolvencia del deudor. Primero va a cobrar  la Administración Pública y si sobra algo, se lo tendrán que repartir el resto de acreedores.

Obviamente, no es la idea de Justicia que deberíamos tener respecto de los servidores públicos. Esto sin entrar a considerar en qué se gasta la Administración el dinero que nos impide cobrar, además del que nos cobra directamente.

Todos a cumplir la Ley menos la Administración.

La Administración Pública es la primera que debería dar ejemplo. Es injusto que las leyes solamente las tengan que cumplir los ciudadanos.

Resolver la injusticia de la deuda con la Administración.

El Parlamento europeo, ha aprobado una directiva que obliga a los estados miembros a adaptar su normativa en materia del perdón de las deudas.

Sin embargo, el Estado español no solamente ha aplazado la aplicación de esta directiva de obligado cumplimiento. También se las ha ingeniado para poder evitar su aplicación.

En al ámbito del perdón de las deudas a las personas insolventes, deben incluirse las deudas con la Administración pública. Sin embargo, la prometida adaptación de la Ley concursal, solamente consiste en el perdón limitado de las deudas de Hacienda Pública y de la Seguridad Social.

Solamente nos quedan los tribunales, para exigir que se perdonen en su totalidad las deudas con la Administración tributaria, la Seguridad Social y el resto de la Administración Pública.

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Un comentario

  1. Estoy totalmente de acuerdo. Es injusto que tengamos que pagar tanto.

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