La Administración pública, impide la concesión de pensiones, ayudas, prestaciones o cualquier otro tipo de subsidio, cuando no se está al día de pago de las deudas públicas.  Por ello, el deudor que debería recibir la prestación, debe probar que está al corriente de pago de las deudas con la administración pública.

De esta forma, se protegen los derechos e intereses del Estado, pero sin embargo, se produce una encerrona de la que el deudor no puede salir. Necesita cobrar la prestación para poder saldar la deuda, pero si no la cobra, no puede atenderla. 

Hay opciones de aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social. Sin embargo, dichas alternativas no acostumbran a ser viables, siendo a veces imposibles para el deudor. En especial, cuando se ha incumplido ya un aplazamiento, no se permite una nueva refinanciación por parte de la Seguridad Social. 

A través de la Ley de la Segunda Oportunidad, cabe la posibilidad de conseguir refinanciar la deuda con la Seguridad Social en condiciones más viables. De esta forma, caben muchas más posibilidades de volverse a poner al día en el pago de la deuda. Una vez se justifica estar cumpliendo el nuevo plan de pagos, se podrá obtener la prestación inicialmente denegada.

Accede a ayudas, subsidios, prestaciones o pensiones denegadas por tener deuda con la Administración.