Guía del deudor
Existe el camino más adecuado hacia la solución de las deudas. Descúbrelo con nosotros.
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¿Qué me puede pasar si no pago?.
La posibilidad de dejar de pagar en ocasiones se convierte en un calvario, en algo deshonroso e ilegal que da miedo y que hay que evitar a toda costa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Dejar de pagar es precisamente la solución que la propia Ley da en determinadas situaciones financieras en las que sencillamente no se llega a final de mes.
Efectivamente puede que nos pongan una reclamación judicial y que nos metan en registros de morosidad, pero paradógicamente eso puede ser nuestra salvación. Entrar en el sistema judicial supone también poner en marcha una serie de mecanismos de protección al deudor.
Con ello, se consiguen garantías como la inembargabilidad de la parte del salario necesaria para vivir dignamente.
Otras ventajas con la anulación de condiciones abusivas en los préstamos, el cese del acoso de los gestores de cobro, la paralización de procedimientos judiciales, la paralización de los intereses y el perdón parcial o hasta total de las deudas. Esta última opción o cualquier acuerdo alcanzado, supondrá también poder salir de los registros de morosidad.
No pagar, también es un derecho.
Dejar de pagar es un hecho que tiene protección jurídica y en última instancia una cuestión de prioridades. Debemos valorar si es más importante nuestra subsistencia y/o la de nuestra familia, o por el contrario ponemos por delante los intereses de las entidades financieras.
Solamente hay que recordar que las mismas entidades financieras, pasaron por esta misma situación y no dudaron en solicitar y acogerse al rescate bancario.
Ese mismo rescate bancario lo pagaron los ciudadanos europeos con sus impuestos, los mismos ciudadanos que ahora reciben a cambio préstamos en condiciones frecuentemente abusivas. La Ley ofrece protección para estas situaciones. La decisión es de cada uno.
Tengo propiedad embargada.
Tener una propiedad embargada no necesariamente implica perderla. Solamente supone una garantía de cobro para el acreedor, por la que informa a cualquier persona que quiera comprarla, que en el caso de hacerlo, la propiedad responde por la deuda.
Normalmente deberán pagarse con el dinero que se entregue por la compra de esa propiedad, aquellas deudas por las que se ha realizado y anotado el embargo. Se han aprobado también unas normas que regulan la protección de los intereses del deudor en los embargos para evitar abusos o injusticias.
Por ello, La Ley establece un orden de prelación en los embargos. Es decir, establecen unos límites al embargar los bienes del deudor, obligando al acreedor a embargar primero aquellos bienes que menos perjudiquen a los intereses del deudor.
De esa forma, si finalmente se ejecuta el embargo, el deudor pierde antes bienes que le sean menos necesarios respecto aquellos que le son más imprescindibles.
Por otro lado, se puede quitar o levantar el embargo siempre que se pague la deuda o se llegue a un acuerdo con el acreedor que asegure el cobro de la misma.
Un fondo buitre ha comprado mi deuda.
Existen prácticas en el sector financiero, por las que el acreedor vende sus créditos a entidades que se dedican a comprar lotes de deuda de varios deudores, por una cantidad muy inferior al valor nominal (deuda original).
La intención de estas entidades que compran deudas, también llamadas fondos buitre, es comprar con grandes descuentos la deuda de muchos deudores, para luego reclamarles el importe total de la deuda con intereses y gastos abusivos.
En ocasiones, los fondos buitre llegan a conseguir rebajas en la compra de la deuda de hasta un 75% del capital. Luego podrán reclamar más del doble después de aplicar intereses y gastos.
Límites a las prácticas financieras abusivas.
La Ley pone límite a estas prácticas abusivas. Se considera que si alguien tiene que beneficiarse de alguna rebaja en la deuda reclamada por el acreedor, es el propio deudor. Ello pretende evitar que terceras personas se aprovechen de la desgracia ajena para conseguir rentabilidades superiores al 100%.
Por eso, la Ley permite al deudor “recomprar” la deuda al fondo buitre por la misma cantidad pagó para comprarla. De esta forma, el fondo buitre no hace ningún negocio y el deudor puede librarse de la deuda, aprovechando las rebajas que el acreedor estaba dispuesto a hacer.
Me han inscrito en un registro de morosidad.
La inscripción en registros de morosidad, está regulada por la Ley de Protección de Datos, por lo que se deben respetar los derechos en este caso del deudor. Especialmente se protege la veracidad de los datos inscritos. La inscripción de una deuda irreal por abusiva o inexacta, supone el Derecho de rectificación o incluso cancelación de esa inscripción al deudor.
Otra forma de suprimir la inscripción en los registros de morosidad, es la novación del crédito. Cuando se pacta una nueva modalidad de pagos adaptada a las posibilidades del deudor, implica nuevas condiciones de pago consensuadas con el acreedor.
Ello supone un acuerdo renovado que de cumplirse, implica que el deudor está de nuevo al día en el pago de su deuda. Existe por tanto una refinanciación y por ello debería salir de los registros de morosidad aunque no haya cancelado toda la deuda.
Existen también unos plazos por los que la inscripción en los registros de morosidad caduca y por lo tanto, las entidades que controlan los ficheros, tienen la obligación de suprimir la inscripción.
Me embargan los ingresos. ¿Se puede hacer algo?.
El embargo de los ingresos, está regulado por Ley. Se establecen unos límites para asegurar la subsistencia del deudor y de su familia. Por dicho motivo, solamente se puede embargar una cantidad determinada de ingresos y a partir de un determinado importe.
Embargo de saldo de cuenta corriente.
En ocasiones, además de embargar los ingresos, se intentan embargar los saldos existentes en las cuentas corrientes. Hay que tener en cuenta que, si el saldo de la cuenta corriente procede directamente de los ingresos, no se le puede quitar nada si ya se ha producido el embargo de los ingresos.
Por idéntico motivo, si no se han podido embargar sus ingresos por ser inferiores al salario mínimo interprofesional, tampoco se le podría embargar ningún importe del saldo de su cuenta corriente. Por otro lado, si la cuenta corriente es compartida con otra persona ajena a la deuda, solamente se podría embargar en su caso la parte proporcional.
Si se ofrece un pago superior al límite de embargabilidad establecido en la Ley y el acreedor lo acepta, se puede solicitar que a cambio se quite el embargo. Hay que tener también en cuenta, que realizado un embargo por un acreedor sobre el límite de la cantidad permitida, el siguiente acreedor, no podrá hacer efectivo su embargo. Solamente lo podrá hacer cuando termine de cobrar el primero que ha embargado.
Me han puesto una demanda judicial.
Una demanda judicial, no es necesariamente el fin de todo, ni de hecho, el principio de nada. Normalmente cuando te demandan es porque previamente se han agotado las posibilidades de un acuerdo amistoso. Eso hace necesario recurrir al auxilio judicial para que a través de la Ley, el acreedor pueda ejercer sus derechos.
Pero también hay que tener en cuenta los límites que establece. La demanda judicial tampoco es irreversible ni supone el fin de las negociaciones. En cualquier momento se puede alcanzar un acuerdo, paralizándose el curso del procedimiento judicial y retirando el acreedor la demanda interpuesta.
Los derechos que el acreedor tiene de cobrar su deuda, son menos importantes que el derecho que tiene el deudor a subsistir dignamente. Por eso, la Ley establece una serie de protecciones a favor del deudor y su patrimonio. Por lo tanto, a pesar de interponer una demanda judicial, el acreedor no podrá sobrepasar determinados límites en el cobro de su crédito.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las demandas judiciales están reguladas por unas normas que garantizan el “fair play” o juego limpio entre las partes. Al intervenir profesionales del Derecho (Jueces, abogados, procuradores…) se garantizan los derechos de las partes evitando situaciones de abuso que tan frecuentemente se dan en los procesos de reclamación extrajudicial de deudas.
No paran de acosarme a llamadas.
El acoso como principal estrategia de recobro.
Es frecuente que los acreedores, contraten servicios de gestión de cobro de las cantidades debidas para ejercer una presión psicológica al deudor. Ello en ocasiones termina por hacerle pagar incluso más de la cantidad que la Ley establece como límite máximo de embargabilidad.
La Ley establece límites a los acreedores para cobrar. Eso es así para garantizar un Derecho más importante, como la propia subsistencia del deudor y su familia en condiciones de dignidad. Si se presiona al deudor hasta doblegar su voluntad y hacerle pagar aquello que legalmente no estaría obligado, eso no solo es inmoral, sino también ilegal. Especialmente si se convierte en un acoso.
La estrategia de los gestores de cobro, es fomentar el sentimiento de culpabilidad del deudor para obligarle a realizar un esfuerzo por encima de sus límites de pago. Como eso no está prohibido en la vía extrajudicial, si el deudor consiente, el acreedor cobra. Eso no ocurre en los procedimientos judiciales, donde ese límite a cobrar por parte del acreedor, lo garantiza el juez.
El deudor casi nunca tiene la culpa de su deuda.
Hay que tener en cuenta que ese sentimiento de culpa en muchas ocasiones es infundado y al menos debería ser compartido. Las propias entidades financieras, han recibido en su práctica totalidad, ayudas a través del rescate bancario de la Comunidad Europea a través de los impuestos que todos pagamos.
Dichas ayudas han supuesto no solo la obtención de liquidez y financiación en condiciones mucho mejores de lo que ofrecen a sus clientes, sino también el perdón de una importante cantidad de su propia deuda.
Por ese motivo, pretender tachar de inmoral el impago de sus créditos, supondría tener una doble moral cuando la propia banca ha hecho lo mismo a una escala muy superior. Por eso, recibir y aprovechar las ayudas que la Ley ofrece al ciudadano, no solo es un derecho sino también una contraprestación por las ayudas que todos hemos pagado a la banca.
Si estas prácticas persisten, podemos ayudarle a formular una Queja al Banco de España.
Me amenazan y me faltan al respeto.
En ocasiones los acosos para la reclamación de una deuda, se transforman en amenazas y faltas de respeto. No es más que una señal de impotencia del acreedor que sin duda supera los límites de la legalidad y no debe tolerarse. Ningún derecho a cobrar, justifica una falta de respeto mediante la comisión de un delito de amenazas, injurias o calumnias.
Los abusos de las gestoras de cobro son denunciables.
Cuando la presión moral o psicológica no funciona, algunos gestores de cobro, recurren a las graves faltas de respeto. Amenazas o insultos para infundir miedo en el deudor y obligarle así a realizar un pago que no puede hacer, son frecuentes. Tolerar este tipo de actitudes por parte de los acreedores o sus gestoras de cobro, lo único que hace es fomentar métodos ilegales.
Si ha sido o es víctima de este tipo de prácticas, le ayudaremos a denunciarlas ante el juzgado competente.
Pago intereses y comisiones abusivas.
Las condiciones del contrato firmadas o aceptadas por las partes, es cierto que obligan al cumplimiento de lo que se ha pactado. Sin embargo este tipo de condiciones, no deben suponer una relación abusiva. Si existe una situación de abuso, independientemente de lo pactado, la Ley permite el incumplimiento por parte del deudor de esas condiciones al considerarlas nulas.
Existen intereses o comisiones pactadas dentro del ámbito del normal cumplimiento del contrato. También aquellos intereses, comisiones o penalizaciones pactados en caso de incumplimiento o impago. Tanto en un caso como en el otro, pueden existir condiciones abusivas. Que las partes hayan firmado libremente las condiciones del contrato, no implica plena libertad.
Función social y obligaciones de las entidades financieras.
Las entidades financieras cumplen una función social dentro del sistema financiero y por ello tienen ciertos privilegios para obtener liquidez del Banco de España y operar de forma privilegiada en el sistema financiero español. Eso les confiere ciertas obligaciones y la responsabilidad de actuar dentro de las normas éticas del mercado sin abusar de su posición dominante.
Obligar a un ciudadano necesitado de dinero a aceptar condiciones abusivas para conseguirlo, es algo que la Ley penaliza anulando la validez de esas condiciones injustas.
Se niegan a refinanciar mis deudas.
No se puede obligar a nadie a prestar más dinero para refinanciar las deudas de otro. Sin embargo, tampoco se puede condenar a alguien a estar endeudado permanentemente por no poder pagar sus deudas. Ver cómo las deudas solo crecen sin remedio por mucho esfuerzo que hagamos por pagarlas, no es una solución.
No debería permitirse que quien se niega a dar una salida viable a quien necesita ayuda financiera, haga todavía más negocio a costa de cobrar más intereses y penalizaciones.
De lo contrario, se provoca un círculo vicioso del que es imposible salir y condena al deudor a malvivir o a entrar en economía sumergida para evitar ser embargado. Si el deudor sale del sistema, el sistema también se ve perjudicado ya que no trabajará con normalidad ni pagará impuestos de los que se pueda beneficiar la comunidad.
Formas de refinanciar sin pedir más préstamos.
Hay otras formas de refinanciar deudas sin pedir más crédito. Son ayudas que la Ley establece para poder pagar una cantidad proporcional a nuestros ingresos y llegar así a final de mes. Por ello la Ley permite por ejemplo, dejar de pagar el capital de la hipoteca durante 4 años con una sustancial rebaja de los intereses.
También permite conservar la posesión de la vivienda si no podemos pagar la hipoteca a través de un alquiler social, rebajar más de un 90% la deuda personal y conseguir hasta el perdón total de las deudas.
No quiero que mi familia, amigos o en el trabajo, se enteren de mis deudas.
La Ley Orgánica de Protección de Datos, protege la intimidad de las personas, salvaguardando la información confidencial y penalizando con grandes multas a quien la infrinja.
En ocasiones, los servicios de gestión de cobros, para presionar al deudor con el fin de que pague, informan directamente a familiares, amigos o al trabajo de circunstancias relativas a la deuda. Ello pone al deudor en evidencia ante sus seres queridos o en el trabajo, lo que en ocasiones les pone en un serio compromiso.
Informar de la deuda o de cualquier aspecto relacionado a personas distintas del deudor, supone ir contra la normativa de protección de datos. Por lo tanto, este comportamiento es denunciable a la Agencia Española de Protección de datos para que inicie el procedimiento necesario para sancionar dichas conductas y evitar que se vuelvan a producir.
Si le ha ocurrido o le ocurre esto, podemos ayudarle a formular una Denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos.
No quiero perjudicar a mis avalistas.
Los avalistas van a correr con las consecuencias derivadas del incumplimiento contractual del deudor principal. Sin embargo, también disponen de los mismos niveles de protección que la Ley establece para el deudor principal.
Además, hay que tener en cuenta que el acreedor deberá reclamar antes al deudor principal que al avalista, quien solamente responde en caso de insolvencia del deudor principal.
No todas las deudas del deudor principal están avaladas, por lo que existe también la posibilidad desarrollar estrategias legales que permitan aumentar la liquidez del deudor para proteger aquellas deudas avaladas y evitar que se perjudique al avalista. Las deudas con aval tienen una complejidad añadida al intervenir varias economías para garantizar el pago de la deuda.
Sin embargo, un buen planteamiento combinando las ayudas que la Ley ofrece, puede darnos la protección deseada para el avalista.
No quiero perder mis bienes.
La defensa del patrimonio es una prioridad en muchas economías personales o familiares. Proteger aquello que nos ha costado tantos años de trabajo y esfuerzo conseguir, se convierte en algo fundamental.
A pesar de que el embargo de bienes es una alternativa para que el acreedor cobre la deuda, lo cierto es que iniciar un proceso de embargo y ejecución sobre bienes, es muy costoso, largo e incierto.
Los acreedores desconocen “a priori” el estado del bien a embargar e incluso se exponen a tener que soportar las cargas que el bien pueda tener (posibles alquileres, estado de conservación del bien, derechos de uso, servidumbres…). Por dicho motivo, los acreedores prefieren negociar otras soluciones que les permitan ir cobrando su crédito, aunque sea más lentamente.
Prohibición de embargar.
Por otro lado, existe la prohibición de embargar aquellos bienes que son herramientas necesarias para el trabajo del deudor y que carezcan de relevancia económica respecto a la deuda existente. De lo contrario, sería un contrasentido privar al deudor de los medios que le permiten trabajar para obtener dinero y hacer así frente a sus deudas.
La Ley también regula los embargos para priorizar los de aquellos bienes que menos perjudiquen al deudor respecto de aquellos que le son más imprescindibles.
Tengo una propiedad a medias con otra persona.
Las propiedades indivisas o compartidas con otra u otras personas, tienen normalmente implicaciones emocionales y una regulación especial.
Para empezar, la normativa aplicable, establece que nadie está obligado a permanecer en la comunidad de bienes. Por ello, cualquiera de los copropietarios puede solicitar la división de la cosa común. Cualquier acreedor, por tanto, podría embargar la mitad indivisa que un deudor tiene sobre una propiedad compartida para luego solicitar su división o la disolución del condominio.
Eso puede sin duda afectar al resto de copropietarios, que se pueden ver obligados a comprar la parte embargada o incluso vender la suya por querer disolver el condominio el nuevo propietario de la parte embargada.
Hay que tener en cuenta que son procesos largos y costosos, por lo que el acreedor siempre va a intentar optar por otras alternativas de cobro. También existen opciones para proteger al resto de propietarios, pero la operación requiere de un diseño a medida, dada la complejidad del tema y los distintos intereses en juego.
Hay que recordar sin embargo, que la Ley también regula los embargos para priorizar los de aquellos bienes que menos perjudiquen al deudor respecto de aquellos que le son más imprescindibles.
Me han engañado ofreciéndome préstamos.
Es frecuente que supuestas entidades de crédito o intermediarios financieros, ofrezcan créditos o préstamos preconcedidos, que requieren de un previo ingreso por parte del deudor, a fin de poder iniciar el proceso para su concesión definitiva.
Es evidente que la forma de ofertar dichos créditos, induce al deudor a pensar que tiene muchas posibilidades de obtener el dinero. El pago de los gastos de estudio, parece ser un mero trámite para recibir el préstamo que nunca llega.
Evitar ofertas engañosas de préstamos.
La dudosa ética por no decir legalidad de estas operaciones, recomienda evitar a toda costa realizar cualquier ingreso con el fin de obtener un crédito. De hecho, la complicada situación financiera del deudor que recurre a este tipo de prestamistas o intermediarios, hace ya presagiar fácilmente que el supuesto crédito será denegado y se perderá la cantidad entregada a cuenta.
Por otro lado, como la cantidad entregada no es muy elevada, cualquier reclamación posterior, resultará antieconómica, lo que hará que el deudor finalmente desista habiendo empeorado sus problemas económicos. Sin lugar a dudas, hay que evitar caer en estos engaños no dejándose arrastrar por falsas ilusiones.
No me niego a pagar, pero cuotas más bajas.
Establecer un modelo de pagos compatible con las posibilidades del deudor, es el principal cometido de la reciente legislación. La conciliación social necesita de la intervención de la Ley para poder armonizar las diferencias entre los más ricos y los más pobres.
Para ello no solo es necesario establecer leyes que ayuden al deudor, sino que el propio deudor las conozca y esté dispuesto a acogerse a ellas.
La posibilidad de pagar cuotas más bajas es una opción que existe hace mucho tiempo para garantizar una vida digna al deudor, sin que tenga que destinar gran parte de sus ingresos a saldar sus deudas. No será el acreedor el que informe a su deudor de las opciones legales que tiene para acomodar sus pagos a las posibilidades que tiene.
Lógicamente hablamos de intereses contrapuestos en los que el acreedor siempre buscará su propio beneficio. Seguramente es posible negociar cuotas más bajas, pero hay que conseguir que no sea a costa de empeorar las condiciones del crédito y hacer la pelota cada vez más grande.
¿Qué ayudas tengo como deudor?.
Existen muchas ayudas para el deudor. Las hay de carácter hipotecario, para créditos personales, con la Administración… . El adecuado conocimiento de las herramientas legales para obtener los beneficios previstos por la Ley, debería estar al alcance de todo deudor.
Sin embargo, la complejidad y permanente renovación de dicha normativa, hace recomendable la contratación de servicios legales especializados que permitan invertir en la mejor solución posible. La normativa aplicable es múltiple:
- La Ley de la Segunda Oportunidad.
- Enjuiciamiento civil.
- Código Civil.
- Arrendamientos Urbanos.
- Pobreza Energética.
- Ley Azcárate.
- La propia Jurisprudencia.
- y otras muchas fuentes del Derecho.
Toda esta normativa aplicada adecuadamente, establece múltiples alternativas que, combinadas, pueden aportar las soluciones que el mercado financiero no permite alcanzar. Hacemos realidad las soluciones que la Ley le ofrece; las que usted necesita.
¿Han prescrito mis deudas?.
La prescripción es la pérdida del derecho del acreedor a reclamar la deuda por el transcurso del tiempo sin que pueda acreditar que ha realizado reclamación de la misma al deudor. El descuido del acreedor en la reclamación de su crédito, se penaliza por la Ley con el olvido o el perdón de la deuda.
En función del tipo de deuda (personal, hipotecaria, administrativa, etc., se aplica un plazo de prescripción distinto. Cabe también la posibilidad de interrumpir la prescripción, pero deben cumplirse unos requisitos esenciales.
Ley de la Segunda Oportunidad.
La solución definitiva.
